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El Ayuntamiento titubea y rectifica pero aprueba la subida de impuestos

El pleno extraordinario aprobó la subida de impuestos obligatorios con los votos a favor del PSOE, aunque canceló la hoja de ruta que pretendía aplicarlos en 2017 para posponerlos a 2018. La sesión, de casi dos horas de duración, dejó momentos de tensión en los que tanto la oposición como el equipo de gobierno se reprocharon las malas gestiones del pasado.

Un receso marcó el transcurso del pleno, después de que la oposición advirtiera de la imposibilidad legal de aumentar la presión fiscal en 2017 a estas alturas del año, según establecen los plazos burocráticos.

Las dudas del equipo de gobierno

“Esta medida no se puede aplicar hasta el 2018. ¿Es porque en 2019 tenemos año electoral?”, advirtió Oscar Romero, portavoz del Partido Popular en su intervención. “Sólo pretendemos que Montellano vuelva a tener un Ayuntamiento normal”, respondió Curro Gil, el alcalde.

Sin embargo, Francisco Serrano, portavoz de Izquierda Unida, volvió a ahondar en el tema creando la incertidumbre en la bancada socialista: “Esto se hace en junio. Un 22 de diciembre no se puede hacer una modificación de ordenanza fiscal porque no es legal: hay que ponerlo 30 días en el tablón de anuncios”.

La previsión del equipo de gobierno era aplicar la subida de los impuestos obligatorios de cara al 2017, pero las advertencias de la oposición, que votó en conjunto en contra, hicieron dudar al alcalde, en especial en el momento en el que el PP solicitó la retirada de todos los puntos del orden del día relacionados con la subida de impuestos.

Tras unos 20 minutos de reunión entre los representantes de cada grupo político, se reanudó el pleno, que finalmente aprobaría la subida del IBI, el IAE y el IMTV de cara al 2018, para que la información pudiera estar al servicio de los ciudadanos y dispusieran de un mes para presentar alegaciones.

Una decisión improvisada

A pesar de la intención de la corporación municipal de aumentar la presión fiscal en el 2017 para cumplir con el plan de ajuste, la publicación definitiva no se producirá hasta 2018, por lo que los impuestos obligatorios continuarán en los mismos niveles que este año.

La intención del Ayuntamiento es jugar con el valor catastral, el otro factor influyente en el calculo del IBI. Éste depende de la Dirección General del Catastro, la cual ya ha comunicado que posiblemente en mayo el valor de las viviendas de la localidad caigan, lo que reduciría esa tasa y, junto a la prevista subida de impuestos para 2018, equilibraría la balanza del Impuesto de Bienes Inmuebles.

Momentos de tensión

A pesar de la poca intensidad mostrada por parte de la oposición durante este año y medio de legislatura socialista, las acusaciones regresaron al salón de plenos del Ayuntamiento.

El mayor momento de tensión llegó en un debate en torno a las gestiones del pasado. Francisco Serrano se defendió ante el incumplimiento de determinadas medidas en los planes de ajuste de su legislatura (2012 y 2014): “Parece que se ha heredado todo de otras candidaturas. Cuando llegamos había facturas sin pagar de la etapa anterior en los cajones”.

Ante la acusación, la portavoz socialista Macarena Rivera reprendió contra el ex alcalde: “En 30 años el PSOE dejó 11 millones de deuda. El PP e IU, en sólo cuatro años, seis más”.

La acusación irritó a los representantes de la oposición, que pidieron turno de palabra por alusiones. El portavoz del PP insistió en la idea de que él no había participado en el anterior gobierno y llegó a acusar al PSOE de que sus 30 años anteriores en el gobierno fueron “30 años de robos”, incriminación que acabó retirando.

Serrano también quiso matizar y defenderse, recordando que su equipo tuvo que afrontar un millón de euros de deuda al año y que, a pesar de ello, mantuvo servicios de policía las 24 horas y se decidió por pagar a los trabajadores en vez de la seguridad social. “Una cosa es recortar y otra es anular. Si hay que sacar el tema, se saca”, añadió el portavoz de IU.

Una declaración institucional que creó discrepancias

El equipo de gobierno presentó una declaración institucional en la que rechazaba las exigencias del gobierno central que adoptaba “por obligación”. Además, solicitó una reunión urgente al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas para negociar una mayor flexibilidad.

El concejal Óscar Romero, que votó en contra de la propuesta, insistió en que “el estado no nos obligó nunca” a acogernos a los fondos de ordenación. Por su parte, Francisco Serrano votó a favor, a pesar de que discrepaba en algunas líneas del comunicado.

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